Un año más nos encontramos con nuestra obligación de presentación, si procede, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) para el ejercicio 2020, entre los días 7 de abril y 30 de junio de 2021.

No hay grandes cambios con respecto a ejercicios anteriores, pero sí notas a tener en cuenta, ya que hay situaciones que no se han dado con regularidad anteriormente y en esto momentos, cobran especial relevancia, entre otros: 

1. Los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, deberán presentar la declaración, al igual que aquellos contribuyentes que hayan obtenido la prestación extraordinaria por cese de actividad. El IMV se atribuirá a los beneficiarios, que en el caso de una unidad familiar de convivencia serán sus miembros por partes iguales, por lo que la AEAT está asignando un NIF con letra K para aquellos menores que no tenga un NIF previo. Es importante recalcar que la prestación por el IMV NO da derecho a las deducciones familiares previstas en el artículo 81 bis del a LIRPF.
2. La prestación ordinaria por cese de actividad de los autónomos como prestación del sistema de protección de desempleo  se califica de rendimientos de trabajo.
3. En el caso de que se produzca abonos de ERTES improcedentes, que supongan una devolución por parte del contribuyente, se recomienda estar pendiente de la actualización de los datos fiscales, ya que el SEPE irá enviando a la Agencia Tributaria los expedientes que vaya gestionando y los datos se irán actualizando. 

Para los contribuyentes perceptores de prestaciones por ERTE en 2020, cuya declaración resulte a ingresar, ya sea individual o conjunta, podrán solicitar un fraccionamiento por un periodo de 6 meses. El pago del mismo se realizará en seis plazos, con vencimiento los días 20 de cada mes, siendo la primera cuota, el día 20 de julio. Este fraccionamiento no devengará intereses de demora ni será necesario aportar garantía alguna.

Para poder acceder a este fraccionamiento, es necesario que el IRPF del 2020 se presente dentro del plazo voluntario y no tener deudas gestionadas por la AEAT o por otros órganos de la Hacienda Pública Estatal pendientes de pago por importe superior a 30.000€.

La presente comunicación es informativa, no pudiendo ser considerada como asesoramiento fiscal personalizado en ningún caso. Gámez Asesores está a su disposición para ofrecerle ayuda en su caso particular.

El Real Decreto-Ley 18/2020 viene a regular el trabajo prestado de forma regular en su modalidad no presencial, modalidad que con la actual pandemia provocada por el COVID 19 ha recibido un fuerte impulso. Este documento busca resumir y explicar la información contenida en el mismo para facilitar y aclarar las dudas que pudieran existir sobre el teletrabajo.

No olvidemos, no obstante, que esta norma tiene que ser completada por los convenios y acuerdos particulares, por lo que le queda un largo recorrido todavía. Por tanto, estamos ante una norma de mínimos.

Pero, ¿qué se entiende como trabajo prestado a distancia de forma regular a estos efectos?

La norma establece, en su artículo 1 que “es regular el trabajo que se presta en un periodo de referencia de tres meses durante un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.”

Esto es así con la excepción de los contratos de trabajo celebrados con menores y los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje ya que en estos contratos se obliga a que al menos sea presencial el 50% de la prestación de los servicios, “sin perjuicio del desarrollo telemático de la formación teórica” vinculada a los mismos que pudiera existir.

¿Es voluntario el trabajo a distancia?

Sí, el punto primero del artículo 5 aclara esta duda al establecer que “El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia regulado en este Real Decreto-Ley, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior, sin que pueda ser impuesto”

¿Alguien puede ser despedido por alguna razón exclusivamente relacionada con el cambio de una prestación presencial a otra que incluya el trabajo a distancia?

No, ya que no se considera causa justificativa de la extinción de la relación laboral.

¿Es reversible la decisión de trabajar a distancia?

Si, en los términos establecidos en la negociación colectiva o en el acuerdo de trabajo a distancia entre la empresa y el trabajador conforme al contenido del mismo regulado en el artículo 7 de este Real Decreto-Ley.

¿Tiene el trabajador derecho a que la empresa le abone los gastos que le ocasione el tele trabajo?

Si, los convenios podrán establecer los mecanismos para determinar la compensación o abono de estos gastos. Cómo se determinen éstos en cuantía y forma, deberemos esperar todavía un poco.

¿El trabajador bajo modalidad de teletrabajo podrá realizar su trabajo de forma flexible?

Si, se establece que “De conformidad con los términos establecidos en el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva, respetando los tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso, la persona que desarrolla trabajo a distancia podrá flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido”.

¿Qué ocurre con la obligación de fichar?

La obligación de fichar como elemento indispensable para llevar un registro y control adecuado de las horas trabajadas regulado en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores debe seguir realizándose, si perjuicio de la flexibilidad horaria antes señalada.

¿Si trabajo desde mi casa tengo que adaptarla a los requerimientos de la empresa en aras a cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales?

Sí, pero sólo en la parte de la vivienda destinada a desarrollar el trabajo, y es en esa parte de la vivienda donde se debería permitir el acceso a las personas responsables de su supervisión.

¿Puedo usar mi ordenador y/o aplicaciones para el desarrollo de mi trabajo, y en ese caso la empresa me puede vigilar?

Sí, el trabajador puede usar su ordenador o equipos si así lo acuerda con la empresa pero “la utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante dispositivos automáticos garantizará adecuadamente el derecho a la intimidad y a la protección de datos, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios utilizados.

La empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia.

Además, las empresas deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos legal y constitucionalmente. En su elaboración deberá participar la representación legal de las personas trabajadoras.”

¿Al teletrabajar existe la obligación de estar siempre disponible?

No, el trabajador tiene derecho a la llamada desconexión digital, respetando su jornada laboral y los tiempos de descanso.

¿Los datos que usa el teletrabajador en su casa o fuera de su oficina puede quedárselos?

No, el Capítulo V del RD-Ley 18/2020 establece las facultades de organización dirección y control empresarial en el trabajo a distancia y refleja con claridad que los trabajadores deberán cumplir las instrucciones sobre seguridad de la información, uso y conservación de los datos y documentación específicamente fijadas por la empresa, así como respetar el marco de la Ley Orgánica de Protección de Datos y demás normativa sobre protección de datos.

¿Cuándo entra en vigor esta norma?

El lunes 12 de octubre de 2020. Salvo para la aplicación del tipo 0 al IVA aplicable a entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID 19.

Para saber qué hacer, primero debemos saber dónde estamos y dónde queremos ir.

En este primer artículo de opinión, intentaremos contestar dónde están las empresas españolas, lo cual no por evidente deja de ser extremadamente relevante para una empresa.

Estamos en un país relativamente importante, por su tamaño y población, dentro de un continente al que algunos llaman, no sin razón, la vieja Europa. Afortunadamente formamos parte de la Unión Europea, una entelequia mercantil liderada por Alemania y Francia que aspira a unir toda Europa bajo su paraguas, con el permiso del mundo anglosajón y dejando el problema de cómo integrar un coloso como Rusia para un futuro indeterminado mientras vemos como Rusia oscila cada vez más hacia China.
En este nuestro país, los españoles tenemos un complejo de inferioridad secular derivado de siglos de reyes y presidentes que, abusando de sus puestos, han dispuesto de los recursos del país sin darle valor alguno, considerándolos como meros elementos para su enriquecimiento personal, si bien alguno hay que reconocer que llevó a cabo una gestión eficaz alejada de la miseria intelectual y moral de sus predecesores, que generó breves periodos de desarrollo económico .
Y con estos mimbres empezamos a hacer nuestro cesto.
Hoy como ayer la bancarrota de España es el terror de los acreedores y no olvidemos que nuestro principal acreedor del 1.289.905 millones de € de Deuda Pública que oficialmente tiene España (datos a II Semestre 2020), es decir casi 1,3 billones de euros, son los inversores extranjeros con más de un 48% del total y el Banco de España y el BCE con un 21% son nuestros principales acreedores.
Desde 2011, el Tesoro no desglosa por países los datos de tenedores extranjeros, no obstante, hace 9 años, Francia era el mayor dueño de deuda soberana española, con un 27%, seguido de los países del Benelux, con un 14%; Alemania, con un 9%; e Italia y China, con alrededor del 5% y 5,6% estimado, mientras que a EE.UU. le correspondía apenas un 2%.
A esta deuda habremos de sumar la deuda oculta existente sacando a la luz todos los pasivos de las administraciones públicas, que no figuran en los cómputos oficiales, pero que están vinculados a organismos públicos y que algunas fuentes cifran entre 300.000 (Eurostat 2016) y 600.000 millones de euros, con lo que nos iríamos a 1,9 billones de €, que para un país con 47.329.981 habitantes a 1 de enero de 2020, lo que implica que cada español debe entre 27.000 y 40.000 €.
Además, a 6 de mayo de 2020, el 35% de la población sostiene todos los sueldos y subsidios públicos (Informe de Idealista basándose en datos de la EPA), situación que se ha ido deteriorando desde entonces al aumentar el desempleo y los trabajadores del sector público.
Pero, ¿qué pasa en el sector privado?, por lo general, salvo honrosas excepciones el gestor privado español está más interesado en el corto plazo, en el día a día, que en pensar en el largo plazo, desarrollar una estrategia que asegure la viabilidad de la empresa más allá del año que viene o de los 3 años de los planes estratégicos, planes hechos a veces con una inocencia, un buenismo y un, permítanme decirlo, “laissez faire” sorprendentes, trampas en el solitario destinados a contentar a un público (accionistas) ávido de buenas noticias; esto que pudiera ser una afirmación un poco radical, no lo es si uno se pregunta ¿cuántas veces un plan estratégico ha recogido un cambio de tendencia hacia abajo, cuándo y cuántos gestores han sido capaces de prever una crisis económica y recogerla en su plan estratégico?.
España se caracteriza por crear muchas empresas, pero de reducido tamaño y con una baja supervivencia, de hecho, la actual crisis económica desatada por el COVID 19, por un excesivo endeudamiento público, por unos mercados bursátiles sobrevalorados (influidos por una burbuja existente en Wall Street de cuya existencia el premio nobel de economía en 2013 Peter Schiller y Warren Buffet entre otros avisaban a finales de 2018) y por no haber acometido las reformas estructurales en los órdenes político y económico supondrán un duro castigo sobre todo para las pymes. “En España, las pymes suponen el 99,8% de las empresas, representan poco más del 62% del Valor Añadido Bruto (VAB) y el 66% del empleo empresarial total. Concretamente, las pymes con asalariados suponen el 46% de las empresas, y emplean a más de ocho millones de trabajadores, lo que representa el 53,30% del empleo empresarial total” (datos MARCO ESTRATÉGICO EN POLÍTICA DE PYME 2030 publicado en abril de 2019 por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo).
La menor supervivencia empresarial se debe, en parte, a que la mayoría de empresas que nacen pequeñas carecen de los recursos humanos, financieros y sobre todo de control necesarios para alcanzar tamaños que les permitan aprovechar las economías de escala y así poder llegar a ser más productivas.
De estas tres carencias la más peligrosa y la que supone un impedimento insalvable para las empresas en su desarrollo, es la carencia de un buen control de gestión que le permita no sólo saber en qué situación se haya la empresa en cada momento sino ser consciente de la realidad que rodea a ésta y a su negocio en todo momento, de tal forma que le permita al gestor tomar decisiones a corto plazo (tácticas) pero aún más, tomar decisiones a largo plazo (estratégicas) que son las que facilitan la supervivencia de las empresas.
El Control de Gestión requiere tiempo para recoger datos y analizarlos, datos reales y relevantes, dinero para adquirir los ERP o sistemas de control que procesen los datos y los conviertan en información valiosa para la toma de decisiones y, finalmente un profesional integro, capaz, con una mente analítica y experiencia en el mundo empresarial que genere un alto valor añadido para la alta dirección de la empresa.
El Control de Gestión de una empresa privada o entidad pública es como los gansos que salvaron a Roma de una invasión gala por sorpresa con sus graznidos, o como el vigía de un velero que avisaba de arrecifes, tormentas, naves amigas o enemigas o gritaba ¡Tierra a la vista!.
Como vemos disponer de un adecuado control de gestión requiere hacer una inversión importante en tiempo y dinero que, sin embargo, marca -habitualmente- la diferencia entre que una empresa desaparezca o que sea capaz de capear las crisis en la empresa, del sector, del país e incluso las crisis económicas internacionales o mundiales.
¿Dónde estamos pues? En medio del océano empresarial, preparándonos para entrar en una tormenta perfecta en la que al huracán del Coronavirus se une el huracán de una crisis económica global originada en los mercados bursátiles y en el exceso de deuda pública y, en donde todavía, nos hallábamos sacudidos por la anterior tormenta de 2008 de la que no habíamos terminado de salir, al no haber realizado los cambios estructurales necesarios. No obstante, tenemos empresas que se han internacionalizado más, y con muchos gestores que alguna lección aprendieron de la última gran crisis. Esperemos que los conocimientos adquiridos en el pasado y nuestros vigías en Control de Gestión permitan que la flota empresarial española llegue a buen puerto y con ella todos nosotros.